Fuente: Diario Gestión
En Chicago, los robots de reparto han pasado de ser una novedad a un tema de debate público y regulatorio. Dos demandas colectivas contra Coco Robotics y Serve Robotics alegan que los robots captaron datos biométricos sin consentimiento, utilizando cámaras y LiDAR para medir rostros y manos y para entrenar sistemas de inteligencia artificial.
Las demandas sostienen que estas grabaciones y datos se conservan y, en algunos casos, se habrían compartido con terceros como OpenAI. Las compañías niegan las acusaciones y aseguran que no recolectan biometría y que la privacidad es una prioridad. Todo ello se sitúa bajo la Ley de Privacidad Biométrica de Illinois, que exige avisos claros, consentimiento por escrito y políticas de conservación y destrucción de datos.
El caso llega en un momento en que Chicago ha operado un programa piloto de robots de reparto desde 2022. Coco comenzó a operar a fines de 2024 y Serve en 2025, con planes de expansión que podrían extenderse hasta 2027. A la vez, se han reportado incidentes como robots bloqueando aceras o causando daños, aumentando la preocupación de vecindarios y autoridades.
Las demandas buscan indemnizaciones y otras reparaciones legales por posibles infracciones. En respuesta, las empresas enfatizan que sus robots se diseñan para entregar de forma segura y que no identifican a personas ni crean perfiles biométricos. El debate también aborda la necesidad de reglas más claras para equilibrar innovación, seguridad y derechos de los ciudadanos en la era de la vigilancia y la IA.
Este caso ilustra un reto central de la tecnología contemporánea: cómo permitir avances que faciliten la vida diaria sin sacrificar la privacidad ni la confianza pública. La transparencia, la regulación adecuada y el compromiso con la seguridad serán claves para que la adopción de robots de reparto sea beneficiosa y confiable para la ciudadanía.